“Los únicos profesionales perjudicados terminamos siendo los médicos ”, enfatizó el presidente del Colegio Médico de Tucumán CMT), Dr. Héctor Sale, frente a una nueva intervención de la justicia argentina en un caso que involucra a la medicina, a los profesionales que la ejercen y a la salud.
Tras el fallo de un juez federal que obligó a una clínica a aplicar un tratamiento con Dióxido de Cloro a un paciente que se encontraba grave y cuyo posterior deceso se investiga, la comunidad médica estableció su postura respecto a la intervención de la justicia para ordenar acciones vinculadas a la salud de las personas.
“No estamos de acuerdo con que a través de un fallo judicial se ordene la administración de una sustancia que no cuenta con la autorización de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ATMAT) ni es recomendada por las sociedades científicas nacionales e internacionales referentes. Esto nos preocupa a los médicos porque se trata de otro exceso por parte de la justicia. Ya lo vivimos cuando, en medio de la pandemia, nos enteramos de que en dos provincias querían imputar penalmente a médicos como responsables del contagio de la enfermedad por coronavirus, a sus pacientes.”
En este contexto, el presidente del Colegio Médico de Tucumán, Dr. Héctor Sale, manifestó su preocupación y rechazó la judicialización del ejercicio de la medicina. “Es litigar sin costas”, advirtió. Por otra parte, explicó que “los informes de la mayoría de las aseguradoras del país comunican que el mayor porcentaje de las demandas por mala praxis no son sustentables, no tienen un justificativo”. Sale manifestó que “lo peor es que en el mientras tanto el médico sufre una situación de angustia y de condena social que nos parece demasiado injusto”. En este sentido, el profesional remarcó que médicos de nuestro medio fueron víctimas de estas situaciones ya que sus nombres fueron publicados sin fallo judicial.
“Este tipo de situaciones pone en evidencia un exceso por parte de la justicia cuyos fallos deberían ser revisados, más aún cuando se trata de afectar el desempeño de los que somos personal esencial. No tuvimos descanso y ponemos al servicio de la salud, no solo nuestro conocimiento, sino también, nuestro físico para salvar vidas”, remarca Sale.
Un fallo del juez federal, Javier Pico Terrero, que ordenó al Sanatorio Otamendi suministrar un tratamiento con sustancias no aprobadas por ANMAT para uso medicinal, reabrió la polémica. Un paciente de 92 años internado por Covid-19 en estado grave, recibió un tratamiento compasivo, pero falleció. Aunque las causas del deceso se investigan, el nosocomio demandó al médico que recetó la sustancia. Ahora, es el Dr. Dante Converti el blanco de la justicia que ya ordenó el allanamiento de su consultorio.
“Lo que sabemos que es que después de todo esto vienen las medidas judiciales. Independientemente de las fundamentaciones, cuando las cosas no salen bien, el culpable es el médico. Los médicos somos los que nos vemos injustamente agraviados y prejuzgados por este Sistema Judicial”, indicó Sale.
El presidente del CMT se expresó en contra del avance de este tipo de acontecimientos. Teme que los médicos terminen optando por una conducta defensiva que los lleve a dejar de atender para evitar los pleitos judiciales.
El uso compasivo
El fallo de Otamendi (como se conoce públicamente el caso) estuvo argumentado en el consejo del médico de la familia, Dr. Dante Converti, de aplicar el recurso del uso compasivo del Dióxido de Cloro e Ibuprofeno Sódico inhalado a Oscar García Rúa (93), quién se encontraba internado grave en el sanatorio homónimo.
“El uso compasivo (Declaración de Helsinki, artículo 32) existe, pero tiene que estar acompañado de un consentimiento informado y que el paciente acepte la administración de las sustancias sobre la que se lo informa (y cuyos beneficios para la salud no están probados) y acepte también los riesgos aparejados”.
Para concluir, el Dr. Sale insistió: “es a los excesos de la justicia a lo que se le debe poner fin en tanto avasallan incumbencias médicas. Lo que vemos es que siempre los médicos terminamos perjudicados con procesos judiciales interminables que lo único que hacen es aumentar la situación de estrés del médico, perjudicarlo desde el punto de vista emocional y económico y exponerlo a la condena social que conlleva”.
Frente a un requerimiento familiar sobre la aplicación de tratamientos con sustancias no aprobadas “tiene que intervenir un comité de bioética que hay en las instituciones y ver lo que se resuelve al respecto”, finalizó el presidente del Colegio Médico de Tucumán.